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INDICE DEL LIBRO

Páginas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97.

Discurso, leido por el Presidente, Excmo. Sr. D. José Canalejas y Méndez,
en la Sesión Inaugural del Curso de 1894 a 95, celebrada el 10 de Diciembre de 1894,
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
ASPECTO JURIDICO DEL PROBLEMA SOCIAL. de José Canalejas y Méndez.


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En una sociedad organizada de tal modo no pasa de desahogo retórico hablar con tal frecuencia de libertades absolutas. ¿A qué invocarlas, pues, en casos como el presente, en que su limitación se acuerda con el sentido del actual derecho, enamorado de la protección al débil?
La mujer, como el niño, deben merecer al Estado altas previsiones que garanticen su flaqueza contra la destructora acción de un trabajo excesivo.
Quien aplaude que la mujer no pueda obligarse ni acudir en justicia ni abandonar el hogar sin permiso del marido; quien juzga legítimo que el menor no contrate, sometiéndolo a la posible rapacidad de un tutor, debe encontrar legítimas aquellas leyes que impiden que el niño se destruya físicamente en un trabajo prematuro y perjudicial, o que la mujer se extenúe en labores incompatibles con su delicadeza y con su sexo; sin que valga decir que las limitaciones en la libertad a que antes aludíamos nacen de un orden familiar en que el Estado no interviene, ya que su jurisdicción alcanza a nombrar, residenciar y destituir tutores y Consejos de familia, privar de la patria potestad y sustraer en casos determinados la mujer a la autoridad del marido.
Tales funciones, que el Estado practica con el individuo en el derecho civil y que en el administrativo extiende a no pocas corporaciones e institutos atendiendo a una consideración nobilísima, pero exclusiva, la defensa del débil, debe cumplirlas en el orden de la legislación del trabajo, satisfaciendo además de tan suprema exigencia, otras dos no menos atendibles.
Nace la primera del interés del Estado, en no agotar la primordial de sus riquezas, la riqueza humana, y la segunda del amparo a la vida material de otro débil, el obrero viril, cuyo trabajo se deprecia, por el empleo de la mujer y el niño. No se diga que esta última consideración carece de fuerza toda vez que el Estado admite los progresos de la mecánica, porque ni el Estado puede negar el progreso, ni está probado que la máquina, al perfeccionarse, disminuya el número de brazos exigidos por la producción. La frase de Brenta no, cuando afirma que con la máquina crece la riqueza del rico y la miseria del pobre, resulta más brillante que exacta.
El imperio avasallador de la costumbre nos ofrece como natural la violenta aplicación de la mujer y del niño al trabajo. Es difícil persuadir a la



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