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INDICE DEL LIBRO

Páginas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97.

Discurso, leido por el Presidente, Excmo. Sr. D. José Canalejas y Méndez,
en la Sesión Inaugural del Curso de 1894 a 95, celebrada el 10 de Diciembre de 1894,
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
ASPECTO JURIDICO DEL PROBLEMA SOCIAL. de José Canalejas y Méndez.


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dejar en poder del propietario cantidades en fianza que ninguna renta le producen; tantos otros asuntos, en fin, dignos son por su importancia y por su trascendencia de una solicitud inmediata. No cabe invocar como excusa de tales omisiones la libertad de contratación, porque en este caso como en otros muchos, se invoca con error notorio el concepto de libertad. El Estado, en otros contratos se interesa en la fijeza racionalidad y moralidad del pacto; celosos de los derechos dominicales, el Código, como la Ley Hipotecaria, otorgan fijeza y garantía a las acciones del acreedor, estableciendo límites, tipo y condiciones, ya con carácter supletorio para proveer a la imprevisión de los contratantes, ya con carácter preceptivo, superior a la voluntad de los que intervienen en el convenio.
Al abandonar el Estado a combinaciones caprichosas y transitorias la contratación del obrero, pierde su autoridad para exigir responsabilidades por la huelga, ya que no las fijó para el despido y la regularización del trabajo; autoridad que nadie discutiría si al tutelar los derechos del obrero, reparase del mismo modo los daños que arbitrariamente éste produjese al patrono nadie se oculta que la variedad y número extraordinario de estos pactos y su exigua importancia en cada caso individual, exigen procedimientos y jurisdicciones especiales: es harto común que a nombre del orden público se atribuyan intervenciones arbitrarias las autoridades gubernativas.
Tiénese en cuenta al proceder de ese modo un principio justo y no bien discernido: el de que las antinomias y conflictos entre obreros y patronos son asunto de orden público o de orden social; pero se yerra al intervenir las autoridades citadas, por la falsa y vulgar creencia de que no hay más atentados contra el orden público, que los que se expresan por algaradas, luchas sangrientas y motines escandalosos. Más amplio el concepto del orden social o público, alcanza también a la intranquilidad de los ánimos, a la desarmonía iniciada entre los diversos elementos sociales y al conflicto que perturba la producción y la normalidad económica. Entendido de tal manera, incumben las previsiones de su conservación y los remedios de sus perturbaciones al derecho escrito, al derecho vívido o actuado. Para que el orden social y económico se afiance y la justicia impere, y si es negada se restablezca por medios rápidos y seguros, valen más que las autoridades administrativas y gubernamentales que proceden con impremeditación y apremio excesivos, o que las autoridades judiciales, costosas y dilatorias, aquellas otras autoridades y jurisdicciones que constituyen un verdadero



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